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El incierto desenlace de desaparecidos en pasos ilegales colombo-venezolanos

El incierto desenlace de desaparecidos en pasos ilegales colombo-venezolanos

El incierto desenlace de desaparecidos en pasos ilegales colombo-venezolanos

El incierto desenlace de desaparecidos en pasos ilegales colombo-venezolanos


Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía

Cuando Jarvin Soto desapareció en un paso fronterizo ilegal entre Venezuela y Colombia el 13 de octubre de 2022, su familia comenzó a buscarlo en esa compleja zona, conocida como “trocha”, para encontrarlo muerto diez días después. Uno de los casos contabilizados entre las 334 desapariciones registradas en este territorio en el 2022 por la ONG Fundaredes.

De acuerdo a esta organización, en los 2.219 kilómetros de frontera se contabilizan al menos 400 pasos ilegales, escenario de secuestros y desapariciones en manos de grupos armados irregulares.

La incertidumbre pesa sobre desapariciones como la de Jarvin, cuya muerte aún no estå esclarecida para su hermano Georgi Soto, quien aseguró a EFE que fue un secuestro y posterior ajusticiamiento, del que responsabiliza a cuerpos de seguridad y a la guerrilla del ELN.

Aunque en este caso se conoció el desenlace, continúa la búsqueda, sin Êxito, de desaparecidos hace varios aùos, con la esperanza de familiares de encontrarlos con vida.

Sigue la violencia

El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela en agosto del 2022, luego de siete aùos de ruptura, marcó tambiÊn la reapertura de los pasos legales, pero para la investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez no se frenó la violencia en esta zona fronteriza.

“Los familiares de las víctimas no han tenido respuestas, no tan solo de los desaparecidos, sino también de las personas que han asesinado en las trochas. Estas personas siguen esperando que investiguen estos atroces crímenes que dejan espacios vacíos en hogares venezolanos”, expresó Álvarez a EFE.

A la cifra de 2022, añada Fundaredes, se suman 36 casos de desaparición en los estados fronterizos, registrados entre enero y febrero de 2023, mientras las familias siguen pidiendo investigaciones “esclarecedoras” y castigo para los culpables.

Periplo de quienes buscan

Georgi Soto contó a EFE que unos desconocidos obligaron a su hermano a subir a un vehículo tras llevarse la motocicleta que conducía en San Antonio del Tåchira, ciudad que colinda con Cúcuta, en Colombia.

Al saber de la desaparición, Soto fue a las “trochas”, donde, pese a haber recibido amenazas, se reunió con líderes de grupos armados para tratar de localizar a su hermano.

“Yo lo conseguí a él el sábado 22 (de octubre de 2022) y me dicen que fue asesinado en un enfrentamiento con la Policía Nacional; él fue secuestrado por la guerrilla y en la morgue declaran, los que llevaron el cuerpo, que fue un enfrentamiento policial”, dijo antes de explicar que la víctima recibió dos impactos de bala “a quemarropa” en el pecho.

Tras el hallazgo, la familia, que residía en el estado fronterizo de Tåchira se vio forzada a huir por las amenazas y persecuciones que sufrieron durante la búsqueda.

Un asunto legislativo

El diputado opositor y miembro de la subcomisión parlamentaria de Integración y Asuntos Fronterizos del Parlamento Juan Carlos Palencia explicó a EFE que, en los últimos siete años, se han instalado grupos irregulares en las “trochas” que atraviesan el río Táchira, entre el estado venezolano del mismo nombre y el departamento colombiano de Norte de Santander.

Palencia, quien pidió al Congreso colombiano crear una comisión binacional para investigar las desapariciones, dijo que las dificultades para indagar estos hechos estån relacionadas con el miedo a denunciar y la desconfianza de los familiares para acercarse a quienes intentan visibilizar los casos.

Aseguró que la subcomisión lleva dos meses recabando denuncias de desapariciones y ha documentado 87 en Venezuela y cerca de 123 desde Colombia, gracias al apoyo de ONG y grupos organizados en el país cafetalero.

Las desapariciones recopiladas por Palencia corresponden a personas de ambas nacionalidades y han tenido lugar entre 2015 y 2022, años en los que esta zona estuvo “abandonada”.

“Esto es un caso delicado y preocupante porque vemos que los estados, tanto Venezuela como Colombia, no le han prestado la debida atención y quedan desaparecidos”, reflexionó.

Aunque estån en fase de levantamiento y organización de las denuncias, esperan elevar el caso a la plenaria del Parlamento venezolano y solicitar investigaciones a la Fiscalía, así como respaldo a la Defensoría del Pueblo.

Con información de EFE