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Espacio Público denuncia que a Carlos Julio Rojas no se le permitió abogados privados

Espacio Público denuncia que a Carlos Julio Rojas no se le permitió abogados privados

Espacio Público denuncia que a Carlos Julio Rojas no se le permitió abogados privados

Espacio Público denuncia que a Carlos Julio Rojas no se le permitió abogados privados


Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Este jueves, la ONG Espacio Público denunció que al activista Carlos Julio Rojas se le prohibió sus abogados de confianza en la primera audiencia ante los tribunales. Al periodista el régimen de Nicolás Maduro le atribuye estar relacionado con un supuesto plan de “magnicidio”.

"El periodista, activista comunitario y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en horas de la noche del 17 de abril, en violación del debido proceso, sin permitirle una defensa de su confianza", informó Espacio Público en nota de prensa.

Tampoco sus familiares han podido establecer comunicación con el periodista, que además es muy conocido por su defensa de los derechos humanos.

Hasta el momento, se desconoce si los cargos imputados son los mismos que anunció el fiscal del régimen Tarek William Saab, el pasado martes 16 de abril. En las primeras de cambio, Saab convertido en investigador, acusador y juez le atribuyó los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

"La prohibición de comunicarse con sus familiares y abogados por parte de fuerzas públicas de seguridad, implican una violación al debido proceso" añadió.

También, se desconoce el lugar de reclusión de Rojas, luego de que sus familiares y equipo de defensa acudieran a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

“Terrorismo y magnicidio”, los delitos comunes contra quienes disienten

Pör cierto, este martes 16 de abril, el abogado Joel García recordó que durante la detención del estudiante John Álvarez, lo obligaron a grabar videos para incriminar al periodista y activista social, Carlos Julio Rojas; alerta que hizo el jurista en septiembre de 2023 diciendo que a Alvárez lo forzaron a decir que Rojas iba a colocar unos explosivos en la autopista Valle-Coche", cuando fue aprehendido el 30 de octubre del año pasado.

El martes en horas de la noche, como ha venido ocurriendo, el fiscal del régimen Tarek Saab declaró que Rojas, detenido la noche del lunes, está vinculado a la líder opositora María Corina Machado para cometer los delitos que se le imputan.

Además, relaciona al activista de formar parte de Vente Venezuela (VV), el partido fundado y liderado por Machado, y que recibía órdenes de ella para generar protestas violentas en el territorio nacional.

Aseguró el fiscal chavista que Rojas está vinculado con un plan que pretendía asesinar al dictador Maduro cuando se iba a inscribir al CNE como aspirante presidencial, el pasado 25 de marzo, y como si fuera poco dijo Saab Carlos Julio Rojas "tenía dos investigaciones previas, de los años 2015 y 2022, y se encontraba con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017".

Situación que ha causado honda conmoción en el gremio periodístico de quienes conocen a este comunicador social, que en los últimos tiempos se ha dedicado a denunciar las arbitrariedades de un sistema criminal, que cada vez intensifica sus acciones sin derecho a la defensa y que condena sin juicio previo, violando los preceptos constitucionales y universales.

El caso de Carlos Julio Rojas no es exclusivo; recordamos a la activista Rocío San Miguel –detenida hace más de dos meses en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía salir del país y no tenía orden de aprehensión y luego el régimen dijo que sobre ella privaba una orden de captura; también la dirigente Dignora Hernández (coordinadora política de Vente Venezuela); Henry Alviárez (coordinador nacional de ese movimiento político), entre otros, que no se les ha permitido contar con abogados privados y están encarcelados, sin un debido proceso.

Con información EFE