“Persecución”, nueva inclusión de violaciones del chavismo en Informe de la ONU

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.

La inclusión de la persecución como crimen de lesa humanidad en el reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, destacó la dirigente opositora y presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano.

Esta terminología dentro de esta lista de crímenes de lesa humanidad es una prueba de que se están investigando en el caso Venezuela ante esta instancia internacional de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos.

“Es evidente que nuestra nación ha enfrentado con valentía a un régimen criminal. Hoy, más que nunca, la lucha por recuperar la libertad y la democracia son una obligación patria”, sostiene la criminóloga a partir de estas investigaciones que hace esta comisión y que prosiguen su curso.

De tal manera, sentenció Solorzano, que no se puede desvincular el análisis del informe de la misión de la investigación que se lleva en la Corte Penal Internacional, donde reposan más de tres mil casos de denuncias de crímenes que pueden considerarse de “lesa humanidad”.

Considera que este informe llevado a cabo por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, reviste particular importancia; “no sólo reitera que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, añade la descripción de hechos cometidos por funcionarios del Estado que configuran el Crimen de Persecución (Artículo 7 del Estatuto de Roma). Vale decir, la #FFM añade y prueba un crimen más, a la larga lista que se investiga ante la Corte Penal Internacional”.

En su acostumbrado análisis, la dirigente también abogado criminólogo, cita que en Venezuela se vive una represión sin precedentes y que atravesamos la peor crisis de DDHH en nuestra historia.

Explica que el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos se centra en el periodo pre y post electoral de los comicios de este 2024, sin embargo rememora que ya desde el primero de octubre de 2023, hubo violaciones por parte del régimen, de los Acuerdos de Barbados.

En lo preelectoral, describe que la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado y las dificultades para inscribir a la persona seleccionada por las fuerzas democráticas para ser la abanderada presidencial, en un marco de detenciones arbitrarias y persecución.

En lo postelectoral, precisa que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral anunció al candidato oficialista como el ganador de la contienda, no presentó ninguna prueba de ello y organismos internacionales independientes como Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, cuestionaron los resultados aportados por el CNE, basándose en diversos aspectos de carácter técnico y fáctico.

A partir de ese momento, recuerda el informe, la comunidad internacional comienza el proceso de exigencia de las actas (nunca presentadas) al ente rector electoral, en paralelo al reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones.

“La persecución por razones políticas se incrementó terrible y notablemente”, destaca la dirigente del informe, que aguarda testimonios reveladores y da cuenta lo abominable de un “Estado criminal”, que por sus prácticas ha sido calificado por la CIDH de “Terrorismo de Estado”.

Prácticas caracterizadas por estar precedidas de desapariciones forzadas de corta duración, resalta Solorzano.

(Amenazas y persecución contra la ciudadanía son ordenadas por los más altos funcionarios del Estado en flagrante violación al debido proceso).

Nuevas restricciones al espacio cívico y democrático

Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones sexuales basadas en género y pésimas condiciones de reclusión, entre otras violaciones a los DDHH, son develados en detalles, y los cuales condujeron al pronunciamiento de la ONU.

También encontraron nuevas restricciones al espacio cívico y democrático, el incremento de la persecución contra trabajadores de la prensa, así como evidente aumento de las violaciones a la libertad de expresión y al trabajo realizado por las ONG’s y defensores de DDHH.

Cita la criminóloga la reiteración de diversos crímenes ya determinados en el pasado: tortura, violación sexual, desaparición forzada de personas.

Observa con claridad las acciones de persecución cometidas por funcionarios del Estado contra toda disidencia política; “tomando en consideración tanto la línea de conducta, como la política estatal mencionadas, así como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes del Estado, la misión tiene motivos razonables para creer que, durante el marco temporal de su mandato, se ha cometido el crimen de persecución en la República Bolivariana de Venezuela”.

Arbitrariedades practicadas en gran parte por el SEBIN, la DGCIM, la PNB, la DAET y la GNB (esta por instrucciones de Min. Defensa), los cuales operaron con falta de independencia y bajo injerencia del Poder Ejecutivo, extrae la dirigente.

Antecedentes de una investigación

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la Misión a fin de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, para la rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas, precisa Amnistía Internacional en su página web. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.

Así, la Misión se constituyó en uno de los primeros mecanismos internacionales en implicar a las autoridades venezolanas en graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática contra la población civil, por lo que se consideran “crímenes de lesa humanidad”.

En sus informes se identifican a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes.

Este órgano internacional integrado por expertos ha determinado el papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, para reprimir a la oposición o a personas así percibidas, como también destaca la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.

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Publicación : 18/09/2024 17:44 PM