Maduro ignora dictámenes de CIDH: 97 medidas cautelares sin acatarse desde 2015

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Los Estados deben ser garantes de la integridad de sus ciudadanos. En Venezuela ocurre lo contrario; como si se tratara de un sistema perverso. Desde el 2015, la CIDH ha otorgado 97 medidas cautelares a venezolanos privados de libertad, como de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Y ninguna ha sido acatada.

En 2019 fue el año en que se concedieron el mayor número de estas protecciones, un total de 23, y casi todas estas personas están más bien desamparadas y en delicada situación de salud. Está el caso de Nélida Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de Súmate, detenida el pasado 26 de agosto; destacan un grupo de niños y adolescentes recluidos en el Hospital J.M. de los Ríos, tampoco han recibido respuesta del Estado, revela una publicación del portal TalCual.

Hasta este mes de septiembre de 2024, la CIDH ha ordenado 11 de ellas a favor de políticos, abogados y activistas sociales que tienen en riesgo su integridad física; muchos de ellos después de las controvertidas elecciones presidenciales y que desataron una serie de manifestaciones cívicas que el régimen reprimió con detenciones forzadas y arbitrarias, incluso llevando a las cárceles menores de edad.

Régimen de Maduro ignora medidas de la CIDH y de OEA

"El Estado ignora por completo lo que venga de la CIDH o la OEA. Pero sirve de mecanismo de presión e incidencia que un organismo de protección te reconozca prima facie la existencia de una violación de derechos humanos", denuncia un abogado vinculado a las medidas cautelares cedidas al exdiputado Williams Dávila, por el año 2017.

Justo ese año, este organismo internacional informó de 10 medidas similares a favor de "presos políticos". La defensa del exparlamentario solicitó la aplicación del beneficio ante la persecución del cual era víctima a quien además le anularon su pasaporte. Hicieron caso omiso. Más bien, volvió a ser detenido, la noche del 8 de agosto al término de unas jornadas cívicas realizadas en Caracas.

"No existe una situación formal de cumplimento. Con lo que el Estado niega la existencia de la CIDH, así empezamos con un plomo en el ala", señala Simón Gómez Guaimara, experto en Derecho Internacional.

En vez de acatar estos dictámenes, el régimen madurista ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos (septiembre 2012), como la Carta de la Organización de Estados Americanos (abril 2017). Con esta última acción, la dictadura de Nicolás Maduro busca la salida del sistema interamericano.

Pero con las elecciones presidenciales del 2018, que no fueron reconocidas por una parte de la comunidad internacional y de la OEA, la Asamblea Nacional interpretó un "vacío" y procedió al nombramiento de un gobierno interino con Juan Guaidó como presidente encargado.

Dentro de sus funciones. Guaidó tomó la decisión de dejar sin efecto la denuncia a la Carta de la OEA y ratificó la Convención Americana, lo cual fue aceptada por el organismo internacional.

En este sentido, la OEA dispone que para esa salid del sistema interamericano se hiciera efectiva, el Estado debe cumplir con sus obligaciones, no solo financieras sino en derechos humanos.

Hasta la fecha, ninguna de estas disposiciones cumple el régimen de Nicolás Maduro, convertido en un "Estado forajido". No ha cumplido con ninguna sentencia de la Corte Interamericana y ninguna medida cautelar. Propio de sistemas criminales, que no respetan las normas.

El régimen se jacta en escudarse de que "ellos se retiraron, no tienen nada que ver con la OEA, y por eso hace caso omiso, no transmite información sobre estas medidas cautelares", recuerda el jurista.

Importancia de las medidas cautelares

Estas medidas tienen un efecto crucial para la tutela de los derechos de las personas, sobre todo, las privadas de libertad, en la que se establecen una alerta para evitar que la integridad física y mental pueda deteriorarse al punto de peligrar sus vidas.

"Lo que se busca es prevenir que esta situación de peligro se convierta en una violación definitiva a un derecho", sostuvo el litigante.

Citó que la Comisión Interamericana, en sus competencias, ha definido en alusión al derecho a la libertad no proceden medidas cautelares, pero si en el contexto del marco de una detención arbitraria de la persona, incluso si está en peligro su vida, que pudiera derivar a la violación de otros derechos como su salud, allí si proceden medidas cautelares.

Es lo que ha pasado en los casos de Roland Carreño o periodistas como Ana Carolina Guaita, de la Patilla, de Rocío San Miguel, entre otros que permanecen desasistidos en los barrotes del Sebin.

Y también están pendientes por cumplimiento las medidas con el grupo de niños, niñas y adolescente en 13 servicios del J.M. de los Ríos, personas con esclerosis múltiple, cáncer de mama, indígenas pemones de Kumaracapay, personas con hemofilia y otras coagulopatías, entre otros grupos vulnerables.

Desacatos que denotan la indolencia de un régimen que no demuestra ninguna clemencia hacia los ciudadanos; todo lo contrario, son rasgos de quienes son los que están en el poder, signos de mentes perversas.

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Publicación : 18/09/2024 11:36 AM