Economías ilícitas en Venezuela equivalen 16 por ciento del Producto Interno Bruto

Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía

Las actividades ilícitas en Venezuela durante los últimos años han crecido considerablemente y su incidencia en la economía es cada vez mayor, evidencia un reciente informe revelado por el economista Asdrúbal Oliveros, quien junto Transparencia Venezuela, realizaron una investigación sobre estas prácticas que desmejoran la economía nacional.

Resaltó que este tipo de prácticas representan el 16% del producto interno bruto (PIB) del país.

El socio de Ecoanalítica señaló que con estos resultados “el total de las rentas ilícitas se ubica en USD 9.402 millones, un valor muy similar al resultado de 2021, a pesar de que implica una reducción en términos relativos de 5 pp respecto al PIB, hasta el 16%, desde el 21% de 2021, debido a un incremento del PIB nominal en USD”.

Indica que estas rentas equivalen a un 56,3% del total de ingresos del régimen de Nicolás Maduro y las exportaciones, y son 77% del total de importaciones de bienes de 2022.

Con estos resultados, el total de las rentas ilícitas se ubica en 9.402 millones de dólares, un valor muy similar al resultado de 2021, a pesar de que implica una reducción en términos relativos de 5 pp respecto al PIB, hasta el 16%, desde el 21% de 2021, debido a un incremento del PIB nominal en USD, expone el economista en su red X (antes twiter).

Y es que pese a los elevados niveles de opacidad y a la ausencia de rendición de cuentas y de información pública, @NoMasGuiso y Ecoanalítica actualizaron la estimación de las rentas generadas por las actividades criminales en el país.

Este trabajo también contó con el apoyo del informe “Economías Ilícitas, al amparo de la corrupción”, con la que Transparencia Venezuela, sentó un precedente al identificar una relación de interdependencia entre las economías ilícitas y la burocrática criminal instaurada en Venezuela.

El trabajo incluyó un análisis sobre las actividades del narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, y la corrupción en puertos y aeropuertos. Además, se reseñaron aspectos relacionados con algunos de los grupos criminales más importantes, sus principales actividades ilícitas, sus zonas de influencia, la cantidad aproximada de sus miembros y sus presuntos vínculos con el poder.

Una vez analizadas las noticias e informes relacionados con las economías ilícitas y las redes criminales de los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira y Zulia, es posible extraer algunas conclusiones.

El narcotráfico es el ilícito con mayor frecuencia en los estados analizados, con la excepción del tráfico ilegal de oro en Bolívar. Este delito sigue amenazando la gobernabilidad del Estado y el bienestar de la sociedad, ya que posee importantes recursos económicos, armamento y cada vez más territorio bajo su control.

También se detecta la trata de personas, incrementándose de manera alarmante en los últimos dos años, en especial, en los estados analizados por Transparencia Venezuela.

El contrabando de combustible ha disminuido como consecuencia del alza de su precio en el mercado local. El contrabando se incrementa en los momentos de escasez, desde Colombia hacia Venezuela.

También, el contrabando de chatarra se ha convertido en un “nuevo negocio”.

Otro fenómeno ilícito: el contrabando de alimentos y productos terminados, sobre todo, en la frontera con Colombia.

Los delitos registrados, en su mayoría, fueron vinculados con la existencia de grupos del crimen organizado o grupos irregulares y funcionarios públicos corruptos. En el caso de trata de personas se identificaron algunas individualidades, pero no se obtuvo información acerca de su posible vinculación con redes criminales.

En los estados evaluados, se identificó que los delitos de economía negra afectan más a mujeres y niñas, y a algunas comunidades indígenas.

Se presume, a partir de la lectura de las noticias e informes registrados, que detrás de los delitos de economía ilícita hay corrupción.

Algunos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) son vistos como presuntos colaboradores en actividades ilícitas, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ejército.

En Zulia y Bolívar se informa sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

En noticias y reportes del estado Zulia, se informa acerca de la presencia en Venezuela del Cartel de Sinaloa, el de Jalisco, ambos de origen mexicano, además del Clan del Golfo colombiano. Sin embargo, en la visita de campo fue el Cartel de Sinaloa el más mencionado por las fuentes.

En Zulia se identificó la actuación del Cartel de Sabana Alta de Falcón y el grupo delictivo “Los Coyotes”, estos grupos no habían sido identificados en el trabajo.

Los llamados TANCOL son grupos permanentemente señalados. El principal vocero del gobierno sobre acciones contra el crimen organizado, el general Domingo Hernández Lárez, comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), usa sus redes sociales para informar los operativos militares, pero sin identificar a las personas detenidas, ni lugares concretos en los estados que se realizan.

Estas prácticas ilícitas afectan la institucionalidad de Venezuela. Las distorsiones más importantes que se señalan son la corrupción de los funcionarios públicos, la tolerancia y las arbitrariedades por parte de las autoridades militares y organismos de seguridad ante la presencia de grupos irregulares; la débil política de fronteras por parte de Venezuela y la falta de credibilidad y confianza en las autoridades e instituciones públicas. Esto último significa un peligro para la gobernabilidad y sostenibilidad del sistema democrático.

Distorsiones de las economías ilícitas

En el ámbito económico, las economías ilícitas y la existencia de redes criminales provocan el crecimiento de la economía informal, la evasión fiscal, el contrabando de bienes, la erosión del tejido formal de la economía, el crecimiento de modelos de negocios ilegítimos y el lavado de dinero.

Desde el punto de vista social, una mayor descomposición en la sociedad y pérdida de valores; degradación de las condiciones de vida; incorporación de grupos socialmente vulnerables a actividades delictivas, incluyendo a indígenas; crecimiento de poblaciones pobres, de la esclavitud laboral y de la prostitución; sometimiento social; desplazamiento de familias; alto índice de consumo de drogas; apología de figuras de las redes criminales y la ocupación de territorios por grupos, cita la investigación.

También, incluye la participación de bandas criminales en la vida política y en programas sociales; la relación de algunos militantes del partido oficial con el crimen organizado y el apoyo de dirigentes políticos a grupos dedicados al narcotráfico, son distorsiones políticas que está profundizando la actuación del crimen organizado.

En el aspecto económico, las economías ilícitas facilitan la evasión fiscal, hay una disminución de la inversión privada, se afianza el narcotráfico como actividad muy lucrativa, la economía informal se impone a la formal, se profundiza la legitimación de capitales y los mercados paralelos ilegales sin control alguno, y aumenta la informalidad del intercambio comercial e industrial.

Leer informe completo, en siguiente enlace: https://acortar.link/ouEpMQ

Visitas : 136

Publicación : 26/09/2023 15:35 PM