Detenciones forzadas y arbitrariedades del CNE enmarcan visita del fiscal de la CPI

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía

A propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y de la importancia de la apertura de la oficina de la máxima instancia judicial a escala mundial en Caracas, se recuerda las recientes detenciones de activistas sociales, civiles y militares que están en las cárceles venezolanas y de desapariciones forzadas, como los casos de Rocío San Miguel, del periodista Carlos Julio Rojas, Henry Alviárez y Dignora Hernández, del partido Vente Venezuela, entre otros centenares detenidos solo por disentir de las políticas del régimen.

“Estamos frente a una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia”, señaló Khan durante un encuentro en la Asamblea Nacional chavista, en Caracas, ayer lunes. Que esto sea así, suplica el 80 por ciento de los venezolanos que en las diversas encuestas están a favor de un cambio del sistema criminal que impera en Venezuela.

En Venezuela existen 269 presos políticos, según registros del Foro Penal. Y en días recientes, el periodista y activista social, Carlos Julio Rojas, fue detenido de forma arbitraria, siendo presentado por el fiscal impuesto por la Asamblea Constituyente del 2017, Williams Tarek Saab, con pruebas con manipulaciones evidentes que fueron desmontadas con investigación y detalle por organizaciones sociales y periodísticas como los "Cazadores de FakeNews" (@cazamosfakenews) que se encargan de defender los derechos y la verdad, haciendo lo que los organismos públicos y ministerios no son capaces de hacer: velar por la justicia.

Sobre el comunicador social se le realizó una primera audiencia ante el Segundo Tribunal de Terrorismo, que se instaló en la sede de la Dirección de Inteligencia Bolivariana (Sebin) ubicada en el Helicoide, sin derecho a una defensa privada, un día después de su “detención forzada” por individuos encapuchados sin identificación de algún organismo de seguridad, violándose sus derechos humanos, como contempla la Constitución Nacional y los Estatutos de Roma.

Hace un mes, Dignora Hérnandez y Henry Alviárez, miembros del equipo de Vente Venezuela, fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desaparición forzada. Compañero del partido y familiares recorrían los diversos cuerpos policiales y se les informaba que en ninguno se encontraba. Luego, el fiscal Saab salió informando que habían sido detenidos por estar “investigados en una supuesta conspiración”, sin pruebas, violentándose también sus derechos a la defensa y al debido proceso.

“Una desaparición constituye quizás la violación más perversa de los derechos humanos. Es la negativa del derecho de un individuo a existir, a tener una identidad. Convierte a una persona en un ser no existente. Es el grado más avanzado de corrupción y de abuso del poder de que se valen las autoridades a cargo del mantenimiento de la ley y el orden para burlarse del uno y del otro y rebajarse a cometer crímenes civiles, como método de represión contra los opositores políticos”, pronuncia Niall Macermot, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, en la página web de Amnistía Internacional.

Crímenes de la competencia "Ratione Temporis" de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha ratificado Sonia Parayre, candidata francesa al doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de París.

Henry Alviárez y Dignora Hernández, fueron detenidos el 20 de marzo. Andaban juntos en sus habituales labores de campaña en Caracas, cuando de pronto fueron interceptados por sujetos encapuchados aparentemente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y abordados a la fuerza hacia una camioneta. Dignora Hernández pedía "auxilio". El llamado que resuena entre los más de 250 presos políticos de “conciencia” que están tras las mazmorras de la dictadura criminal.

Y la activista Rocío San Miguel, líder de la ONG Control Ciudadano, lleva dos meses recluida en el Sebin, por revelar investigaciones sobre una serie de hechos como torturas, muertes y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades, cometidas por las fuerzas armadas. Hechos que, por cierto, reposan ante la institución internacional que representa el fiscal Karim Khan.

Sobre la activista y su hija –que también llegó a estar detenida- pesa una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por hostigamientos, hechos de intimidación y amenazas de muerte que recibieron en su residencia desde el 2012, que no habrían sido investigadas y sancionadas por parte del Estado venezolano, reseña Prodavinci.

Son apenas, cuatro casos de detenciones arbitrarias de las que está al tanto la Corte Penal Internacional y que constituyen crímenes de lesa humanidad; casos de los cuales hay censura y autocensura en Venezuela sobrevenidas desde la presión del régimen madurista.

Los venezolanos agradecen la visita del fiscal Karin Khan que se da oportunamente en un contexto electoral; viciado de irregularidades nunca antes vistas en procedimientos que son rutinarios y normales en cualquier democracia, pero que en este sistema han sido cuesta arriba.

Es de recordar, también que la reiterada negativa de no permitir la adhesión hacia el candidato unitario Edmundo González Urrutia, por el partido UNT y MPV, constituye una grave violación de los Derechos Civiles y Políticos de los venezolanos, como está establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, dictaminado por la ONU en 1976.

"... cualquier ciudadano puede participar en la vida social y política en condiciones de igualdad y sin discriminación: la libertad de participación en asuntos públicos y elecciones".

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Publicación : 23/04/2024 13:20 PM