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Comisión de CPI instalada en Tocorón y conversó con familiares de los presos

Comisión de CPI instalada en Tocorón y conversó con familiares de los presos

Comisión de CPI instalada en Tocorón y conversó con familiares de los presos

Comisión de CPI instalada en Tocorón y conversó con familiares de los presos


Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) está en Venezuela desde inicios de noviembre. Las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad están surtiendo efecto. Los funcionarios lograron visitar la cárcel de Tocorón, donde entrevistaron a familiares de detenidos por las protestas postelectorales del 28 de julio.

Los enviados de la CPI verifican si las autoridades del régimen de Nicolás Maduro están haciendo procesos transparentes en la detención de 1.976 personas acusadas por terrorismo e incitación al odio, tras los comicios presidenciales del 28 de julio.

Se conoció que, los funcionarios de la Corte Penal Internacional, también tienen acceso a los expedientes del Ministerio Público referentes a las aprehensiones, cita El Pitazo.

Según una de las fuentes, la reciente solicitud de Nicolás Maduro al Ministerio Público, para que verificara si existe algún detenido por error, podría haber impulsado la visita de la CPI.

“Si alguna instancia internacional tiene una repercusión importante en el gobierno es la CPI. Ya vemos qué pasa con los informes del alto comisionado o con la Misión de la ONU, que no la quieren para nada, pero con la CPI es distinto, tan distinto que permitieron su acceso a los expedientes, tribunales y algunos centros de reclusión”, develó el vocero cuya identidad no fue revelada por seguridad.

Esta comisión está en el país desde hace 10 días, y quizás por ello este viernes el fiscal del régimen Williams Tarek Saab salió a comunicar sobre que 225 casos de los presos políticos estarían siendo evaluados para posibles excarcelaciones.

Según este portal, de la presencia de esta comisión no se puede esperar un informe público de la inspección, asegurando que se trata de una visita distinta de la investigación que hace esta máxima instancia internacional por los crímenes de lesa humanidad, que son más de 3 mil casos.

“La CPI no abrirá una investigación por los hechos electorales, pero si está verificando si se siguen replicando todos aquellos procesos denunciados ante ese organismo que no garantizan justicia. Ya se darán cuenta de que en Venezuela no han hecho nada para revertir lo que dio pie a la investigación de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”, precisó la fuente en alusión al proceso ordenado por el fiscal Karim Khan en noviembre de 2021.

Esta investigación se inició luego de la publicación de un informe en diciembre 2020 por la Oficina de la Fiscalía de la Corte, en el que se evidenció existen fundamentos razonables para creer que, desde 2017, autoridades civiles y miembros de la Fuerza Armada cometieron crímenes de lesa humanidad.

Fiscalía en apuros

Este miércoles, 13 de noviembre, fiscales de los derechos humanos del Ministerio Público sostuvieron una reunión con los siete adolescentes y el joven de 18 años aislados desde hace tres meses en la Casa de Justicia ubicado en El Cementerio, Caracas.

Comentaron familiares, que algunos funcionarios los entrevistaron sobre el contexto de su detención y un médico forense les practicó exámenes. Al día siguiente de ese encuentro, se lee en El Pitazo, todos los detenidos aseguraron a la Comisión que estaban en un lugar distinto de una protesta cuando los apresaron luego de los comicios presidenciales. A varios de estos jovencitos, los agentes policiales los sacaron de sus viviendas sin órdenes de aprenhensión.

Según las progenitoras, este primer encuentro seria en presencia de los padres, pero solo fue con los adolescentes. Para el pasado martes 12 de noviembre, estaba planificado un juicio a un menor de edad, de 16 años, pero fue postergado para la semana entrante, la fiscalía no presentó pruebas acusatorias.

Durante las audiencias, los jóvenes fueron persuadidos para que se declararan culpables por los delitos de terrorismo e incitación al odio, además incitados para que culpabilizaran a dirigentes de la oposición de haberlos mandado a causar destrozos y desestabilización, con la excusa que le bajarían la pena, pero ningún de los presos accedió, todos se declararon inocentes, según testimonios de los familiares.

Las protestas postelectorales dejaron al menos 25 muertes a manos de los cuerpos represores del régimen venezolano, ocho de ellos solo en Caracas, y más de dos detenciones, de acuerdo a lo informado por la misma administración de Maduro. Entre esta cifra, 69 adolescentes, 146 mujeres, 163 funcionarios militares y 18 detenidos, de los cuales éstos últimos se desconoce sus paraderos.

En abril de este 2024, Karim Khan fiscal de la CPI estuvo de visita en Venezuela, durante la cual Maduro prometió a incorporar el Estatuto de Roma dentro del marco jurídico nacional, como también permitir el regreso de un equipo técnico de esta instancia para dar celeridad a las denuncias de crímenes de lesa humanidad.