Espacio Público: en 160% se incrementaron las violaciones a los DDHH en Venezuela

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Amenazas, persecución, censura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias contra activistas y periodistas, caracterizaron el mes de mayo en Venezuela. El régimen chavista no se cansa para arremeter contra los derechos humanos. Tanto que estas acciones se incrementaron en 160% en comparación con el mes de abril, reportó la ong Espacio Público.

El informe alerta sobre un patrón sistemático de hostigamiento, censura y persecución, mayormente contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y ciudadanos críticos al régimen de Nicolás Maduro.

Y se documentaron 30 violaciones del derecho a la libertad de expresión, en un contexto marcado por la represión estatal previa y durante la “farsa electoral” del 25 de mayo.

En total registraron 17 víctimas en 13 hechos contra la expresión, en que figuran como los principales responsables los cuerpos de seguridad e instituciones del Estado en nueve de los casos. En mayo aumentó un 160 % el número de casos y se mantuvo el patrón de persecución, con especial énfasis en la censura impuesta por diferentes vías.

Cita Espacio Público que a inicios de mayo continuó la persecución contra defensores de derechos humanos, con la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, miembro de PROVEA, interceptado el 9 de mayo en Caracas por agentes sin orden alguna y permaneció más de 96 horas sin contacto con sus familiares ni abogados.

El fiscal del régimen Williams Tarek Saab confirmó su detención el 14 de mayo, sin ofrecer información sobre su paradero ni garantizar el acceso a su defensa, por lo cual su condición se mantiene como “desaparición forzada”.

Arbitrariedad que se inserta en un patrón de persecución que también afectó al médico Omar Vergel y a la abogada Merlina Carrero, activistas de derechos humanos detenidos arbitrariamente el 7 de mayo en Táchira. Según testigos, ambos fueron capturados por funcionarios sin identificación y trasladados en vehículos sin insignias oficiales.

Luego, el 23 de mayo, los cuerpos represores del régimen secuestraron al periodista Carlos Marcano y también continúa en condición de desaparición forzada. Trabaja con organizaciones de la sociedad civil, y fue detenido a la fuerza de su casa por funcionarios del estado, permaneciendo incomunicado de sus familiares y amigos, violándose el derecho al debido proceso y la garantía de comunicación con abogados de confianza.

Detenciones sin pruebas

Durante esa misma semana, más de 70 personas fueron detenidas en distintos estados del país, sin que se presentaran pruebas que justificaran los arrestos. Los esbirros de la dictadura alegaron una supuesta conspiración contra el “sainete” del 25 de mayo.

Entre las víctimas hay defensores de derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ciudadanos extranjeros. La mayoría en condición de desaparición forzada y sin poder ejercer su legítimo derecho a la defensa con abogados particulares.

El 20 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la represión contra personas críticas a la tiranía madurista. El organismo destacó la detención de Eduardo Torres como un caso emblemático e instó a liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria.

Más miedo, menos cobertura

Otro hallazgo importante que da cuenta del ejercicio periodístico, de la presión con que se ejerce en Venezuela es que hubo un descenso importante n la cobertura, motivado al miedo y la persecución por expresión durante los meses anteriores a las farsas comiciales.

”En Caracas, efectivos del Plan República negaron el ingreso de un reportero del medio digital Tal Cual, le impidieron el acceso al centro de votación Edoardo Crema, ubicado en la parroquia El Paraíso en Caracas. Efectivos del Plan República le manifestaron que solo podían entrar y tomar declaraciones los equipos de VTV con el argumento de que solo los medios del Estado podían hacer cobertura”, describe textualmente el informe de Espacio Público.

Otro emblemático es el del periodista Daniel Garrido y su equipo de Telemundo, abordados por civiles sin identificación en la avenida México, quienes los obligaron a mostrar sus credenciales. En otros estados como Mérida, Maracaibo, Aragua y Apure, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que periodistas fueron hostigados, obligados a mostrar credenciales o se les impidió tomar fotografías o realizar entrevistas.

La periodista Beatriz Adrián fue blanco de hostigamiento verbal por parte de la activista política Indira Urbaneja, tras reportar baja participación electoral en el Colegio Santo Tomás de Villanueva. Urbaneja también hostigó al Colegio Nacional de Periodistas, calificándolo como una “cloaca que hay que dinamitar”, en un intento de desacreditar a gremios profesionales por respaldar el ejercicio informativo de sus miembros.

El SNTP denunció que, en Mérida, occidente del país, un funcionario del Plan República el centro electoral de la Escuela Básica Estadal Coromoto intimidó a un equipo reporteril. El efectivo les exigió fotografiar sus credenciales como condición para permitirles el ingreso. Al menos tres medios fueron afectados.

En Maracaibo, de acuerdo con el reporte del SNTP, se les impidió a reporteros hacer fotos o tomar declaraciones. El organismo gremial también reportó casos similares en Aragua y Apure.

Terrorismo de Estado

La situación de hostilidad también se extendió a las organizaciones de derechos humanos. El 26 de mayo, el ministro de interior del régimen Diosdado Cabello acusó públicamente a PROVEA, Foro Penal, Médicos Unidos Venezuela y Maracaibo Posible de formar parte de una supuesta “estructura terrorista”.

En su programa de televisión, amenazó que cualquier persona que denunciara violaciones a los derechos de personas detenidas sería “llevada en silencio” para ser confrontada. Declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado.

Días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la anulación arbitraria de pasaportes a periodistas, defensores y opositores, y exhortaron a la restitución de estos documentos como una medida para cesar la política de silenciamiento de voces críticas.

El mes cerró con un clima de intimidación generalizada, censura y amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en defensa de derechos. Un retroceso democrático atraviesa Venezuela, donde la criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia son la agenda de la dictadura más abismal de la historia venezolana, sin precedentes.

Visitas : 36

Publicación : 06/06/2025 16:10 PM