Nueva ola de detenciones en Venezuela tras rescate de opositores en Embajada de Argentina

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Tras el rescate de los cinco refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, la oposición venezolana denuncia una nueva arremetida de detenciones y asedios contra varios profesionales, entre ellos, periodistas, profesores, médicos, además de la presión contra organizaciones de familiares de presos políticos, mientras se desconoce sobre estado de salud de presos políticos, como Josnar Baduel, sobre quien se corren rumores de una supuesta muerte y su hermana no sabe nada de él.

El martes 6 de mayo, en el estado Carabobo, funcionarios del régimen venezolano se llevaron al periodista y activista político Mario Chávez Cohen, así como a su madre. Ella fue liberada horas después.

Un día antes, detuvieron a Rafael Antonio Torres, profesor y secretario de formación del partido Proyecto Venezuela en el estado Miranda. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaron su domicilio, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, donde lo golpearon fuertemente antes de llevárselo. Está en desaparición forzada.

La abogada Merlina Carrero, que se identifica como “constructora de paz”, fue detenida el 7 de mayo, a las 2 de la tarde, en San Cristóbal, estado Táchira, por funcionarios, sin orden alguna. Es activista social, coordinadora en el Táchira de la plataforma que coordina Benigno Alarcón escala nacional llamada Creemos Alianza Ciudadana.

Ángel Lugo, de Acción Democrática legítima, es otro de los detenidos. Pertenecía al Grupo de Formación de esa organización política en el estado Lara, cuya tarjeta le fue arrebatada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El caso de Josnar Baduel preocupa a sus familiares, por cuanto no saben de su estado de salud, y no tienen ninguna información sobre él. La petición de un inmobilizador para su tratamiento, activó las alarmas de su hermana Andreina, quien no se cansa de pedir una fe de vida. Recuerda que así supo de la muerte de su padre, el general Raúl Baduel, mientras se encontraba bajo custodia del Estado en 2021. "Así me enteré de la muerte de mi padre, por redes sociales".

(Desde hace varios días, Andreína Baduel no sabe nada de su hermano Josnar; y pide fe de vida)

Asedios y persecuciones de la tiranía

Wilnan Molina, abogado y dirigente del partido político Vanguardia Popular, denunció la mañana de este lunes 12 de mayo que supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), vestidos de negro, asediaron su vivienda para ingresar sin orden de allanamiento.

La ONG Provea reportó que Molina reside junto a su esposa e hija en el complejo Parque Central, en Caracas. “Estamos atentos a la situación y rechazamos este nuevo abuso que se inscribe en la escalada represiva contra dirigentes sociales, políticos y defensores de derechos humanos”, indicó la organización.

Vanguardia Popular es un partido de tendencia izquierdista que es crítico al régimen de Nicolás Maduro y forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática.

Por otra parte, ya transcurren más de 68 horas sin noticias de Eduardo Torres, defensor y miembro de PROVEA desaparecido desde el pasado viernes en Caracas.

De acuerdo con la información de testigos, Eduardo fue visto por última vez el pasado viernes a las 4PM en Parque Central, Caracas, luego de asistir a una reunión. Sus familiares sostuvieron comunicación con él a esa misma hora, en la que el activista informó que se dirigía a su casa, pero nunca llegó.

El activista es beneficiario de medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras haber recibido amenazas por su labor.

”Es responsabilidad del Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Eduardo”, así del resto de los más de 900 ciudadanos tras las rejas en Venezuela por manifestar sus repudios al sistema criminal que maneja el poder.

Graves actuaciones contra el estamento legal de DDHH

La Misión Independiente de los Hechos de la ONU asegura en su último informe que el régimen venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas.

Bajo el derecho internacional, la desaparición forzada se define como una detención de dos días o más que, a diferencia de una detención ordinaria, incluye la negación por parte del Estado de cualquier información sobre el paradero de una persona, mientras la Constitución de Venezuela establece en su artículo 45 la prohibición “a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.

Hasta la fecha, el Foro Penal registraba que unas 68 personas están en “desaparición forzada”, lo cual además constituye un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a los Estatutos de Roma por los que se rige la Corte Penal Internacional, instancia en la que cursan más de 3 mil casos relacionados a estos graves hechos cometidos a manos de los cuerpos represores del chavismo.

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Publicación : 12/05/2025 15:56 PM