Minería ilegal azota el Amazonas: corrupción causa pérdida de biodiversidad y violaciones a DDHH

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

No es nada nuevo las devastaciones de la minería ilegal en el Amazonas, en especial en la selva del Parque Nacional Yapacana; pero lo grave es que estas actividades crecen de forma bárbara: solo de julio a septiembre de este 2024, las minas crecieron 13 hectáreas y ahora viven 1200 personas, con maquinarias modernas, y los militares al control del negocio cobran 16 gramos de oro semanales por máquina.

Es otra prueba más de que la supuesta lucha del régimen de Nicolás Maduro, denuncia la Ong SOS Orinoco. El combate contra la minería ilegal es una farsa: “todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el parque nacional #Yapacana y con el visto bueno de los militares”, describen por la red social X.

Asegura que todos los jefes militares y civiles locales son parte del negocio. Acusan que cuentan con la complicidad del gobernador Miguel Rodríguez. “Esperemos que un comandante honesto y patriota ponga fin a estos crímenes ecológico y a la corrupción”.

También, denuncian que la Amazonía venezolana está azotada por violación de derechos humanos y pérdida de la biodiversidad. "Controlan a los pequeños mineros que se vuelven los esclavos de estas redes criminales", dice la fundadora de la ONG S.O.S. Orinoco.

Afectaciones se acrecientan con efectos devastadores

“La actividad minera alcanzó las 65.985 hectáreas ha en Amazonas y Bolívar en abril de 2024, ocasionando la fragmentación y pérdida de hábitats en su totalidad”, agregan en el reporte.

Abogados especialistas en materia ambiental señalan que estos daños a este tipo de hábitats pueden constituir crímenes de lesa humanidad, por cuanto se afecta no solo a las especies de la flora y la fauna allí presentes, que cada día son devastadas, además de los peligros en la salud de las comunidades cercanas, sino que las secuelas pueden influir en la salud de la cuarta generación de estas especies, tanto humanas, como del reino vegetal y animal.

Por ello, las zonas erosionadas se aprecian tan dantescas. Ante la Asamblea Nacional del 2015, de mayoría opositora, se elevó una propuesta de ley para que en Venezuela se condenen estos hechos como “crímenes de lesa humanidad”, por cuanto las extensiones de los efectos devastadores en el Amazonas son irreparables y se incrementan bajo la complacencia del régimen madurista.

En la oportunidad de introducirse el proyecto, presidía la comisión de Ambiente el diputado Luis Brito, -quien saltó la “talanquera”- que nunca le dio celeridad a la sugerencia que hicieron llegar ante esa instancia juristas y especialistas en la materia hace ya más de cinco años: el daño ecológico prosigue y son incalculables, a expensas de un negocio lucrativo que no tiene parangón. En el que además se le involucró al jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofan), general en Jefe Domingo Hernández Lárez, que siempre informaba de “destrucción de balsas mineras contaminantes del agua y destructoras de la naturaleza”. Hoy, destituido, pero cabe recordar que los crímenes de lesa humanidad prescriben y son de responsabilidad individual.

Directora de SOS Orinoco: redes criminales facilitadas por la corrupción

Los datos presentados por la directora y fundadora de SOS Orinoco, Cristina Burelli, provienen de un informe realizado por varias organizaciones de seis países amazónicos, como Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, en que abordaron los impactos de la minería ilegal del oro en la Amazonia en el marco de la COP16 que se realiza en Cali, Colombia.

Según Burelli, la corrupción y la falta de presencia estatal permiten la expansión de la minería ilegal en esta zona de la región amazónica asediada por redes criminales, que hasta trafican con el mercurio que se utilizan en las minas, además de aprovecharse de esta actividad ilícita y explotar a los mineros que tienen esta labor como modus de vida, a expensas de sus condiciones de salud.

Este flagelo en vez de detenerse, se aviva. “Este es un informe bastante inédito, en el sentido que los seis países más grandes amazónicos nos pusimos de acuerdo y elaboramos juntos este informe”, reveló.

La antropóloga social indicó que los países involucrados necesitan un mayor control en el tema de regulación ambiental para esta práctica.

“Se requiere una acción coordinada entre todos los países amazónicos para detener este contrabando del mercurio y proteger toda la región, porque no solo es proteger a la biodiversidad sino proteger a los pueblos indígenas y a los mineros que están utilizando esta sustancia tan tóxica”.

Y en segundo lugar, está el desafío de combatir la minería ilegal que cada vez más está controlada por redes criminales organizadas como el ELN, las FARC, El PCC en Brasil, el Tren de Aragua en Venezuela, se desprende de este reciente documento.

Es un fenómeno en “crescendo” las operaciones de las “mafias criminales” que invaden tanto la minería legal como ilegal: “Controlan a los pequeños mineros que se vuelven de cierto modo los esclavos de estas redes criminales”.

Pese a que la minería ilegal es más común en lugares donde no hay presencia estatal, Burelli en entrevista con NTN24 denunció que en este caso de Venezuela, las redes criminales se han asociado con el régimen de Nicolás Maduro que les ha dado espacio y poder para operar.

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Publicación : 30/10/2024 11:00 AM