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Terrorismo de Estado: periodistas y reporteros gráficos también acosados por el régimen

Terrorismo de Estado: periodistas y reporteros gráficos también acosados por el régimen

Terrorismo de Estado: periodistas y reporteros gráficos también acosados por el régimen

Terrorismo de Estado: periodistas y reporteros gráficos también acosados por el régimen


Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía

Hostigamientos, persecuciones y detenciones arbitrarias están a la orden del día en Venezuela. No solo los dirigentes opositores son el blanco de estas actuaciones ordenadas por el régimen de Nicolás Maduro. Los periodistas y sus equipos reporteriles son cada vez más acosados. Lo que se veía desde muchísimos años. Solo en dictadura.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denuncia el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, en especial, contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas post electorales en el país, además prohibiéndosele de la juramentación de la defensa privada.

En este sentido, se hacen eco de cuatro últimas detenciones:

Yousner Alvarado, reportero gráfico en Barinas: presentado el 31 de julio en audiencia telemática ante un tribunal especial e imputado por terrorismo. Está detenido en la sede del Conas, en la ciudad de Barinas.

Paúl León (camarógrafo Trujillo): presentado el 6 de agosto en audiencia telemática también en un tribunal especial e imputado por delitos de terrorismo. Estuvo detenido en la Coordinación Policial 2.0 y trasladado a la DIP en Valera.

Deisy Peña (reportera gráfica estado Miranda): presentada este miércoles 7 de agosto en audiencia telemática ante un tribunal especial con competencia en terrorismo, imputada por delitos de terrorismo. Estuvo detenida en la sede policial de Quebrada Honda y trasladada a la cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy.

Y José Gregorio Carneo (periodista y dirigente político-Guárico): presentado también este martes 6 de agosto, y le imputaron delitos de terrorismo. Trasladado de Valle de la Pascua a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Policiales (Cicpc) en San Juan de los Morros.

Todos ellos detenidos durante la cobertura de las protestas registradas en la última semana.

Según el artículo25 de nuestra Constitución Nacional, las órdenes superiores, no eximen de responsabilidad penal, civil o administrativa. “Si un funcionario acata una orden ilícita responderá de manera personal ante la ley y la justicia”, recuerda la dirigente política y criminóloga Delsa Solorzano.

Al día de hoy, jueves, el régimen madurista se pone al descubierto al informar desde que se desataron las protestas cívicas tras los cuestionados resultados dados por El CNE a favor del dictador han detenido más de 2 mil personas.

Y el pasado 5 de agosto, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a la agencia EFE que la "gran mayoría" de las personas detenidas durante las protestas son acusadas de "terrorismo"; un "patrón claro" que ha adoptado el régimen madurista para apresar a quienes manifiesten o repudien sus antagónicas políticas de corrupción y violación de los derechos humanos.

Ya van 12 días de haberse celebrado los comicios presidenciales, y el ente electoral no ha publicado las actas que certifican según ellos la victoria de Maduro, a quien proclamaron sin el escrutinio totalizado, como indica la normativa legal, cuando la Mesa de la Unidad Democrática presenta casi el 85 por ciento de las actas que ha logrado recuperar y que certifican que González Urrutia ganó por amplio margen, casi del 72 por ciento.

Expertos en la materia electoral señalan que se trata de “un autogolpe” lo que se gesta en Venezuela, tesis que sustenta la periodista en temas militares, Sebastiana Bárraez. La historia sigue en desarrollo.

María Corina Machado ha insistido en denunciar el terrorismo de Estado, alentando a no dejarse intimidar, "pretenden incomunicarnos, pero no lo lograran, siempre habrá espacios para que mantengamos la conexión ciudadana... esto es irreversible y es hasta el final".

Cabe recordar, que por la presión ciudadana se logró que excarcelaran a seis de 17 detenidos en el estado Mérida, el pasado 5 de agosto.