Continúan represiones contra activistas y medios en Venezuela, ratificó 4° informe de ONU

Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía

Falta de acceso a derechos económicos y sociales en Venezuela, es la honda preocupación presentada ante la 54 sesión de la Organización de las Naciones Unidas: la mayoría de la población sufre inseguridad alimentaria grave y sin acceso a atención médica adecuada. Además, de los más de 3 mil casos en que cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas contra las protestas pacíficas; la represión contra activistas políticos, periodistas y medios de comunicación, ratificó, este lunes, la comisión de los DDHH de esta instancia en su cuarto informe.

El mandato de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos fue renovado por un periodo de dos años, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó permiso a la Corte para reanudar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Persiste la impunidad

Otro de los datos que reafirman que se está ante un régimen criminal es que persiste la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

“Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al régimen de Nicolás Maduro”.

También se solicita en este informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos que se investigue a varios cargos gubernamentales identificados.

Engloba, igualmente, las condiciones penitenciarias en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación. Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecen detenidas por motivos políticos. El régimen dirigió sus políticas represivas contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Otro de los aspectos que resaltan es la minería ilegal y la violencia contra los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco; como también contra las mujeres, pese al marco jurídico existente. No se avanzó en garantizar los derechos de las personas LGBTI, mientras más de 7,1 millones de personas venezolanas han huido del país.

Contra la Libertad de Expresión y disidentes políticos

También, la Misión de la ONU se pronunció contra la libertad de expresión en Venezuela: "Casi no existen medios impresos independientes en el país; los medios que se resisten a la censura se enfrentan a arbitrariedades que lleva a la autocensura". Testimonios sobran…

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Al igual que persisten las acciones de persecución contra líderes sociales y políticos en Venezuela, en especial, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, alertó la Misión Internacional Independiente para Venezuela.

En la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó que les preocupa esta creciente represión y la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.

Otros ejemplos citados: la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión contra seis dirigentes sindicales por participar en protestas por reivindicaciones laborales.

En Venezuela continúan las graves violaciones de los derechos humanos y no son hechos aislados; reflejo de una política de represión de la disidencia y oposición al régimen que continua en el poder, destacó la jurista portuguesa al presentar el informe.

Detenciones arbitrarias de líderes sindicales

Este cuarto informe de los DDHH se enfoca en los abusos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, y documenta 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos del régimen de Nicolás Maduro.

El informe también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil atribuidas a prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones.

Aunque admite un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia, en que igualmente se redujeron las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala.

La alta funcionaria de la ONU, además, criticó hoy que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda de prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa “Operación Constitución”, cuyos casos habían sido documentados por la misión en informes previos.

“Fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos”, afirmó Valiñas, a la vez que denunció el que la audiencia se haya realizado a altas horas de la madrugada, además de incorporar pruebas documentales de manera exabrupta y prescindir de más de 30 testigos.

“El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos”, lamentó Valiñas ante el CNU.

En el turno de réplica tras la presentación del informe, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Héctor Constant, negó la legitimidad misma de la misión, aprobada en 2019 por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos, alegando que fue impuesta por razones políticas “bajo la lógica hegemónica de maximizar la presión mediática y política sobre Venezuela”, aseguró el diplomático.

“En vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, este informe es una muestra de la perversión de los DDHH y es lamentable que algunos países apoyen tal calamidad”, afirmó Constant.

Este cuarto informe retoma parte del anterior informe, que igualmente mantiene Amnistía Internacional, en sus investigaciones, que no dejan de revelar la compleja crisis humanitaria y económica que agobia a Venezuela: la alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los productos básicos que provocó que la mayoría de la población, sobre todo, la que vive al interior del país; como también que en un intento de controlar el sector privado, las autoridades continúan imponiendo inspecciones arbitrarias y sanciones administrativas a las empresas y los comercios.

Con información de EFE

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Publicación : 25/09/2023 15:40 PM