Maduro crea bonos discriminatorios para excluir a militares retirados y chantajear a los activos denuncia Frente Institucional Militar

Sebastiana Barráez/@SebastianaB/tomado de Infobae.-

Ante la cercanía del Día del Trabajador, el Frente Institucional Militar emite un comunicado, instando a la toma de conciencia de los militares activos para que “tomen conciencia de la violación constitucional” al permitir que parte del presupuesto que rige los salarios y bonos para el personal militar, “puedan ser establecidos, o modificados a priori y arbitrariamente por funcionarios ajenos a la institución”. Exhortan al Ministro de la Defensa a cumplir con la Constitución de la República.

Así lo reflejan 266 oficiales, desde generales y vicealmirantes a primeros tenientes en situación de retiro, que integran del Frente Institucional Militar (FIM), organización civil con 25 años “dedicados a defender la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional”, por lo que rechazan que Nicolás Maduro anula el poder adquisitivo a los jubilados y crea “bonos discriminatorios para excluir a los militares retirados y a la vez chantajear a los activos”.

El FIM está presidido por el General de Brigada (Ej.) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej.) Teodoro Díaz Zavala; Secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz y representantes por cada componente: GB (Ej.) Juan Ferrer Barazarte, Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, GB (Av.) Eduardo Arturo Caldera Gómez y GB (GN) Simón Figuera Pérez.

(Los sueldos y salarios del personal militar, son la más importante base de la Seguridad Social Propia de la FANB, otorgándole protección constitucional especial)

Consideran que el salario digno y el cumplimiento del principio de homologación “son el verdadero fundamento inicial y génesis de la seguridad social integral propia de la Fuerza Armada”.

Hacen un llamado “a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional y a todos los venezolanos interesados, para que nos constituyamos en activos defensores de las disposiciones de nuestra Carta Magna”.

El Frente Institucional Militar (FIM) lleva al debate público, que en la Constitución “está reflejado como un derecho social fundamental, un mandato precisó señalado en el artículo 91” que el Estado venezolano garantice a los trabajadores “un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

Los militares se pronuncian ante la proximidad del primero de mayo, que conmemora la histórica huelga iniciada el 01 de mayo de 1886, en Haymarket Square, Chicago, Estados Unidos, reivindicado la jornada laboral de ocho horas, que tuvo como desencadenante el 4 de mayo, cuando un dirigente sindical lanza una bomba a la policía, muriendo uno de los efectivos.

Fueron llevados a juicio los ocho llamados Mártires de Chicago; cinco son condenados a muerte y tres a prisión. Han pasado 139 años y los trabajadores siguen saliendo a la calle el Día del Trabajador para reclamar por sus derechos.

(Generales del Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt y Teodoro Díaz Zavala, presidente y vicepresidente del FIM)

¿Y los militares qué?

El FIM, recurre al artículo 328 de la Constitución de la República, donde se ordena que la Fuerza Armada Nacional funcionará "con un régimen de seguridad social integral propio según lo establezca su respectiva ley orgánica".

Expresan los militares del Frente Institucional que, por esa razón, “es elemental considerar que los sueldos y salarios del personal militar, son la primera y más importante base de esa Seguridad Social Propia, a la que le fue otorgada protección constitucional especial según la redacción gramatical del mandato citado”.

Es un hecho que la Constitución específica de manera contundente que la Seguridad Social de la Fuerza Armada, “tiene todo un sustento filosófico y económico dentro de la importancia de la Fuerza Armada Nacional como institución al servicio del Estado”.

Como lo expresa el FIM, la profesión militar “tiene características que difícilmente se encuentran en otras profesiones”, la más evidente es que el graduarse como oficial militar se inicia en una actividad profesional que ampara el “libre ejercicio”, ni en ninguna empresa privada.

“Se tiene un único empleador, el Estado representado por la Fuerza Armada Nacional a la cual se pertenece más allá de finalizar el tiempo máximo de servicio activo en un vínculo que finaliza con la muerte”.

Para los castrenses en irrefutable que “el manejo de todo lo relativo a los salarios, pensiones y jubilaciones del personal militar en cualquier situación, no puede depender de agencias u oficinas económicas y financieras extrañas a la Fuerza Armada Nacional. El mandato constitucional es preciso”.

Aseveran que las características propias de la institución militar “obligan a entender que las condiciones presentes de los hoy militares retirados, señalan y orienten el futuro de los militares activos de la actualidad”, por lo que, desde 1977, la homologación salarial “ha sido considerada un sagrado principio esencial respetado por los militares”.

Insisten en el artículo 39 de la Ley de Seguridad Social para el caso de los militares, “no permite interpretar lo contrario más allá de una homologación directa que ha sido violada por el gobierno que, además de anular el poder adquisitivo de la jubilación, ha creado bonos discriminatorios para excluir a los retirados y a la vez chantajear a los activos”.

(En mayo 2023 militares en retiro acudieron ante el Instituto de Previsión Social de la FANB a reclamar por pensiones dignas y seguridad social por la que han pagado desde que ingresaron a la vida militar activo)

Eliminó el salario mínimo vital

Destacan los firmantes del comunicado como “verdad categórica” que el valor del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) “se aproxima a 90 bolívares por unidad de dólar; mientras que el salario mínimo mensual decretado por el régimen desde el año 2022 se mantiene estancado en 130 bolívares mensuales”, es decir un dólar con 44 céntimos.

Agregan que es una “realidad pública y notoria”, que el salario mínimo mensual del venezolano “es de un dólar y fracción para satisfacer esas necesidades básicas de comida, vestido y vivienda” que ordena la Constitución. “En este momento, sólo la canasta alimentaria familiar mínima supera los 500 dólares mensuales”.

Recuerdan que el salario mínimo vigente es de 130 bolívares mensual, decretado en mayo 2022 cuando significaba, para ese momento, “un monto aproximado a 28 dólares mensuales”.

Ante ello afirman que al año siguiente, primero de mayo 2023, “se dio inicio a la eliminación del salario mínimo vital y con él también se condenó a desaparecer los conceptos de jubilación y de pensión que afecta directamente la calidad de vida de pensionados y jubilados”.

Destacan los militares que ese primero de mayo desde hace dos años, el régimen de poder en Venezuela, mantiene el salario en 130 bolívares, sin cumplir “con el mandato constitucional de ajustar anualmente el salario mínimo vital tomando como referencia el costo de la canasta básica, que va más allá de la canasta alimentaria”.

(Para el FIM, la profesión militar “tiene características que difícilmente se encuentran en otras profesiones”)

Bonificación del salario

A juicio de los castrenses ese primero de mayo del 2023 el país fue testigo de la puesta en escena del término Ingreso Mínimo Integral, anunciado con el “aumento del monto de dos bonos comunes”, por lo que Nicolás Maduro “evitó en todo momento mencionar la palabra Salario Mínimo Vital”, dando pasó a la bonificación de los ingresos del trabajador.

Dicen los militares que ese mismo día, 01 de mayo 2022, el régimen venezolano no solo desconoció el artículo 91 de la Constitución, sino que “comenzó a desentender su obligación específica de proteger a los ancianos con derechos garantizados en forma directa por el artículo 80 constitucional”, referido a la proteger el derecho de los ancianos “a pensiones y jubilaciones dignas y suficientes”.

El año pasado, Nicolás Maduro “continuó la tesis gubernamental de mencionar el ingreso mínimo integral” anunciando un leve aumento de los bonos “pero ignorando nuevamente mencionar el término constitucional de Salario Mínimo Vital”.

Esos 130 bolívares mensuales, que representaban entonces unos 5 dólares, se mantuvo como salario mínimo mensual. “Nuevamente, y por segundo año consecutivo, no fue cumplido el mandato constitucional de obligatorio ajuste según el valor de la canasta básica familiar”.

Es importante resaltar que al estancarse el salario mínimo en Bs. 130, también las jubilaciones, que se calculan en base a salarios mínimos, se mantienen en el mismo monto “afectadas directamente por el mismo proceso de alarmante depreciación y a punto de desaparecer”, finalizan diciendo.

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Publicación : 29/04/2025 11:11 AM